Fe de errotativas


No es un desahucio como otro cualquiera. “Aunque me echen de mi casa, seguirá siendo mía”
febrero 3, 2013, 2:27 pm
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Imatge

Los desahucios están en boca de todos. Políticos, partidos, medios de comunicación, ciudadanos de a pie. “A cualquiera le puede pasar”, decía la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría entre lágrimas ficticias. La dichosa crisis que nos ahoga ha hecho que en 2011 se llevaran a cabo 77.854 ejecuciones hipotecarias y en 2010 fueron 93.636. Desde 2007 ha habido en España casi 400.000 desahucios. Tan sólo en el primer semestre de 2012 se realizaron 48.213 ejecuciones de hipotecas, lo que supone un 14,1 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE). Uno de estos casos es el de Melchorita García: nacida en Perú hace 47 años, vino a España hace 22. Con un hijo autista, Miguel, y otro que se volvió para su país, se divorció hace seis años. “Fue entonces cuando comenzaron a llegar los problemas”, dice. Este es su caso. La estafa de las hipotecas bancarias hizo que cientos de miles de personas se vieran en la calle, despojados de sus hogares y con una hipoteca pendiente por pagar. “¿Qué pasa, qué pasa?”, han coreado miles de personas.

“¡Que no tenemos casa!”, han respondido otras cientos de miles. Las escenas que tienen que vivir padres y madres con hijos son verdaderamente dramática. La pasividad de los gobiernos socialista y popular y la usura bancaria ha provocado que desde 2007 hasta 2012 se llevaran a cabo 374.230 procesos ejecutorios por impago de hipoteca. Los analistas auguraban que el año pasado acabaría con 180.000 nuevas ejecuciones. Las cifras, desmesuradas y confusas.

Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizado el pasado mes de noviembre, los desahucios se convirtieron en una de las diez mayores preocupaciones de los españoles. Ese mismo mes, una ex concejal socialista de Barakaldo se suicidó cuando iba a ser desahuciada. A raíz de ello y a pesar de las pautas de buena conducta que supuestamente deberían llevar a cabo los bancos y cajas de ahorros, el gobierno de Mariano Rajoy promulgó un Real Decreto para paralizar durante dos años las ejecuciones y los lanzamientos por culpa de la hipoteca. Esto trae consigo varias incógnitas: el gobierno estableció que sólo podrán acogerse al mismo quienes acrediten que están en grave riesgo de exclusión social; no tiene carácter retroactivo y, por lo tanto, queda en el limbo el cancelar las ejecuciones a aquellas personas que se hayan visto afectadas por la imposibilidad de pagar la hipoteca antes de la promulgación del decreto.
Cabe destacar el papel que ha tenido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una organización de carácter social que ha conseguido frenar 185 desahucios desde su constitución en 2011. Mediante el apoyo y la solidaridad ciudadana, han hecho llegar a los bancos la posibilidad de que los afectados se acojan a la dación en pago, es decir, que entreguen su casa al banco, cancelando la hipoteca y se elimine la deuda. Aunque éstos no están obligados por Ley a aceptarla, es una figura judírica contemplada en el Código Civil. Hay que recordar que una ejecución bancaria conlleva un desahucio que tiene que fijarse por un juez, por lo que ambas cosas no son lo mismo. La AHE estima que desde 2010 se han realizado 143.142 procedimientos de desalojo o desposesión (es decir, desahucios). De ellos, 47.809 fueron en 2010; 58.241 en 2011 y 37.092 en la primera mitad de 2012, con una media de 526 desalojos forzosos entre el 1 de abril y el 30 de junio del mismo año, según el Consejo General del Poder Judicial.

Por comunidades autónomas, Cataluña, Valencia, Andalucía y Madrid están a la cabeza en desahucios acordados en el segundo trimestre del año 2012, con 9.304, 8.613, 7.984 y 6.636, respectivamente. En Canarias, se produjeron 2.423; en Castilla y León, 1.992; en Baleares, 1.740; en Castilla-La Mancha, 1.402; y en el País Vasco, 1.231. Las autonomías con menor tasa de desahucios en ese periodo son Navarra, con 278, y La Rioja, con 189. El segundo trimestre de 2012 ha marcado un nuevo récord de desahucios de viviendas y locales dictados por los juzgados españoles, con un total de 47.943, lo que arroja una media diaria de 526 desalojos forzosos entre el 1 de abril y el 30 de junio, según los datos oficiales publicados por el Consejo General del Poder Judicial.

Cuando en octubre de 2012 unos pocos afectados por las hipotecas se reunieron en la Plaza de Celenque de Madrid, próxima a la Puerta del Sol, Melchorita no se lo pensó dos veces y también fue. Aunque sólamente se concentraban allí personas estafadas por Bankia-Caja Madrid, ella, en cuyo caso es el Banco Santander, decidió ir a apoyar a quienes defendían la causa. “Yo también quiero que vengan a ayudarme el día, que ojalá no llegue, que vengan a echarme a mí y a mi Miguel”, decía. Tras una crisis matrimonial, se divorció hace seis años de su actual ex marido, el cual dejó de pagar la hipoteca de la casa en la que vive actualmente y aún Melchortita. “Un día llegó una notificación del juzgado y me temí lo peor”.

Este febrero va a hacer un año desde que se emitió la ejecución hipotecaria. A pesar de haber presentado varios recursos, la Justicia española nunca le ha dado la razón. “Fue mi ex marido quien dejó de pagar la casa, y soy yo quien tiene que pagar los platos rotos”, dice. Caracterizada por su esfuerzo y valentía para sacar adelante a su hijo Miguel, que padece de autismo después de una negligencia médica en el Hospital Gregorio Marañón, decidió ir a la subasta de su piso. “Me desmayé y cuando volví en mí aparecí cerca del Gregorio Marañon, y al ver la hora me di cuenta que tenía que ir a recoger a mi hijo”, relata. Después, “empecé a regalar mis cosas pensando que me iban a echar de mi casa. Aquí ya no está la mesa de cristal y falta un sofá porque no sabía qué hacer con mis cosas”. Miguel, que ahora tiene 14 años y hará 15 el próximo 7 de febrero, va al colegio, anda y habla. Es totalmente consciente del problema. Como dice su madre, “se da cuenta de todo”. “No puedes tocar nada ni desordenarlo porque enseguida se da cuenta de que falta algo y el día que vio que no estaban ni la mesa ni uno de los sofás, se percató de ello”. El pasado mes de diciembre, invitado a comer a su casa de Vallecas, relató que el presidente, acompañado por el administrador de la comunidad de vecinos en la que vive se presentó en su casa para comunicarle que iban a demandarla por ‘okupa’.
Dicha comunidad le debe 800 euros a Melchorita en concepto de pagos comunitarios, es decir, agua, luz, gas, IBI y relacionados porque, como explicó su hermano José María, abogado, que es quien la está ayudando con los escritos que tiene que presentar para que no la desahucien, cuando el banco se hace con la casa, las deudas del año anterior a la ejecución bancaria (2011) y el siguiente (2013) generadas por el domicilio, son pagadas por la entidad bancaria. Al día siguiente, cuando reapareció el administrador, Miguel le dijo a éste que “nadie les iba a echar de ahí porque esa es su casa”, defendiendo así a su madre. “El padre de Miguel dejó de pasarle la pensión de Derecho de Alimentos dos veces y la jueza sólo le multó con 900 euros. ¿Cómo vivo yo para pagar el colegio, la comida y el fisioterapéuta si además por la RMI [Renta Mínima de Insercción] recibo 208 euros?”.

Melchorita, que es titulada en educación especial, compró su casa hace 14 años. Cuando salió la sentencia, el banco se quedó con el 60 por ciento del piso, pero ahora no puede pagar una deuda que asciende a 150.000 euros, ya que la entidad le reclama los intereses de la demora y las costas judiciales. A finales de diciembre, un banco de Reino Unido le ha comprado al Santander el piso. “¿Acogerme al alquiler social? Si es que no puedo porque el IVIMA [Instituto de la Vivienda de Madrid] me ha dicho que tengo que estar desahuciada para poder hacerlo, me ofrecen uno de 208 euros al mes y además Servicios Sociales me amenaza con quitarme a mi Miguelito y dárselo a su padre. Entiende que no hay derecho. Esto en mi país no pasa, y no me puedo ir porque necesito la firma del padre de Miguel para llevármelo“, relata angustiada.

Ahora, al igual que otras tantas personas, Melchorita se ha acogido al Real Decreto del gobierno. Los problemas todavía no han acabado: aunque tiene la patria potestad de Miguel, su padre declaró a Hacienda que tenía unos ingresos superiores a 240.000 euros anuales, por lo que podría quedarse fuera de “esa parte de la sociedad que está en riesgo de exclusión social”.

Melchorita, que va siempre que puede a Celenque para seguir luchando por sus derechos y contra la injusticia de la justicia, se sigue formando. Deja a su hijo en el colegio y se sigue formando o trabajando esporádicamente en lo que puede. En la actualidad está realizando un curso de manipulación de alimentos para poder trabajar en un comedor escolar. Como ni el consulado ni la embajada de su país se han manifestado, confía en que, con el apoyo de la PAH, su hermano, su familia y allegados desde Perú, su hijo Miguel, y todos los medios de comunicación que relatan esta historia, se consiga acabar contra la desigualdad que sufren miles de personas y poder desempaquetar todas sus cosas, que guarda todavía en cajas.

(Al acabar el reportaje y mandárselo a Melchorita, recibí un email suyo en el que me relataba que la noche del sábado 12 de enero habló con un congresista de su país natal a través de un canal de televisión de Perú. Es tanto lo que ha luchado esta mujer que diversos medios se han hecho eco de su situación. Dicho congresista la animó para que hiciera un llamamiento al presidente Humala. Lo único que pide es que se ayuden a las personas y familias peruanas que están atravesando esta injusta crisis, que se ceba al final con los más humildes).